Un país que le apuesta a la guerra, es un país indiferente que se olvida de sus víctimas.
POR: Juan Fernando Barona
David "El Chato" Romero
Las minas antipersonales son una constante en el conflicto que se está librando en Colombia. En las últimas décadas, los diferentes organismos internacionales y gubernamentales, encabezados por la ONU, han reportado el crecimiento de la población afectada por estos artefactos explosivos sembrados generalmente en el área rural.
Para la comunidad internacional, el uso de las minas antipersonales son catalogadas como delitos de lesa humanidad y que pueden afectar a cualquier persona – siendo la población civil la más vulnerable- y dificultar el regreso de los refugiados o desplazados a su lugar de origen.
Los diferentes tratados internacionales que se han firmado (entre ellos la convención de Ottawa) descalifican y condenan la fabricación, uso y transporte de este tipo de elementos que llegan a causar daños irreparables en la víctima.
El gobierno colombiano ha realizado diferentes esfuerzos administrativos y legales para cumplir a cabalidad el compromiso internacional obtenido como país firmante de la convención de Ottawa. Sin embargo, los resultados no son los esperados por las organizaciones multilaterales, ejerciendo una presión para la elaboración de diferentes programas de atención a víctimas, sin tener un compromiso claro por parte del Estado.
OBSERVATORIO DE MINAS: ¿PRIMER RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS ?
El primer logro - según el gobierno - es el programa de atención a víctimas de minas. Es el reconocimiento del problema social y de la delicada situación de exclusión que las personas sufren a raíz de las profundas heridas.
La Vicepresidencia de la República lanzó su programa oficial de prevención y atención a campos desminados en el año 2002, año en el que se institucionalizó la acción integral contra las minas antipersonales y las municiones sin explotar.
Este proyecto bandera, permite la atención especial a la población civil –sector más afectado por este flagelo- y que es la prioridad pese a otros nichos poblacionales como los soldados heridos a causa de las minas que tienen su propio esquema de sanidad.
Las herramientas con las que cuenta el ciudadano colombiano para beneficiarse de los recursos destinados a indemnizaciones y ayuda humanitaria, se realiza a través de un Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA). Esta entidad es la encargada en tramitar todos los papeles necesarios para la atención y rehabilitación de los civiles caídos en minas antipersonales y municiones sin explotar.
Bibiana Torres, asesora del programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonales, más conocido como observatorio de minas, comenta acerca de los beneficios que trae la implementación y el cumplimiento por parte del gobierno colombiano hacia los tratados internacionales, especialmente, el convenio de Ottawa.
El programa se fundamenta en sensibilizar a todos los actores activos de la población en evitar la manipulación de estos elementos de guerra y en la vigilancia de la destrucción de los campos minados que están ubicados especialmente en cinco grandes zonas del país: Antioquia, Meta, Nariño, Santanderes y Vichada.
“los programas involucran personajes de la vida pública y con bastante acogida entre las comunidades, especialmente niños. + ARTE - MINAS” comenta la asesora y jefe de comunicaciones del proyecto. Sin embargo, la disposición de recursos estatales son insuficientes para la atención de todos los procesos sociales que involucra la atención a la población afectada y al desminado de las regiones, lo que lleva “a una cooperación internacional de varias misiones diplomáticas de las embajadas de países amigos como Japón, Suiza, Canadá y Brasil”
MIRADA DE LAS NACIONES UNIDAS:
Desde la perspectiva internacional, las Naciones Unidas es una organización que está al tanto de la problemática de las minas antipersonales, las victimas y las violaciones a los derechos humanos. Aunque, esta organización es una de las más influyentes y más poderosas en Colombia, sólo puede aconsejar en programas de rehabilitación al Gobierno, ya que no es una ONG punitiva ni señaladora.
De acuerdo a esto, las Naciones Unidas han propuesto nuevos programas al país para las victimas de las minas antipersonales y municiones sin explotar, sin embargo, los resultados no son los esperados para esta organización.
Robert Sicard es psicólogo de las Naciones Unidas y analista de los problemas sociales que afronta el conflicto colombiano. Ve como estos programas impuestos por el Gobierno, son más una obligación por la presión internacional, que una manera de resolver el drama de las personas que caen en este crimen a lo que lleva a unos resultados pobres en materia de calidad de vida. Además, Las políticas públicas son insuficientes para dar respuesta a las necesidades reales de las victimas.
Teniendo en cuenta a las victimas de las minas, tanto de la población civil como de los miembros de la fuerza pública, Robert hace un análisis acerca de estos:
“Las consecuencias que deja las minas y los combates son muy similares entre la población civil y militares, son trastornos psicológicos y trastornos dismorficos del cuerpo. Sin embargo, los impactos psicológicos en los militares son más devastadores que en los primeros, porque ya se ve a esa persona desde esta institución (ejército) como un perdedor, como alguien que se dejó caer en combate. También, los soldados se sienten abandonados por su círculo y por la sociedad. Por otro lado, lo más difícil de los militares es adaptarse a un contexto laboral y civil, ya que es casi imposible conseguir trabajo en esas condiciones, además, porque ellos sólo aprendieron el arte de la guerra. Es más fácil que salga adelante una persona que no pertenece a la fuerza pública, que un militar”
Las Naciones Unidas declaran que las minas antipersonales no son un arma dirigida, porque cualquier persona puede ser victima de ella, es por esto que no pueden ser un elemento para la guerra. Además, Colombia no ha dado respuestas contundentes a las necesidades de las victimas del conflicto que se libra en el país, ni siquiera a las victimas dentro del mismo Estado.
Aunque Robert asegura que en cuanto a sanidad y profesionales en la rehabilitación de personal herido, las fuerzas militares son las mejores, las opciones de un miembro del ejército para poder tener este beneficio dependen de acuerdo al rango:
“Afortunadamente, el servicio sanitario del ejercito es muy bueno, tiene los mejores profesionales del país en traumatología y en ortopedia. Sin embargo, sí es un soldado regular, los procesos son los mínimos del protocolo, los elementales, más no los ideales, pero en el caso de un soldado profesional, los procesos cambian de manera vertiginosa. Esto lo que genera es una discriminación de victimas, dividiéndolas en importantes y las menos importantes, los miembros de menor rango -es el soldado regular- es el que más pone en riesgo su vida y es el que tiene menos repertorio de estudios, basando su fuerza de trabajo en su físico, dejándole pocas herramientas de salir adelante. De esta manera, según la condición del militar los procesos de inclusión social tienden a favorecer a los oficiales de más recorrido.”
Otra de las preocupaciones que tiene las Naciones Unidas es todo el proceso de psicología en la victima, porque es uno de los más importantes y en donde Colombia está fallando de una manera exagerada. El funcionario explica las razones que preocupan al organismo multilateral en materia de intensificación del proceso de psicología en el soldado víctima de una mina o combate.
Las respuestas por parte de los programas en salud mental son muy pobres. El trastorno adaptativo es algo que permanece en promedio entre seis meses hasta tres años, esto sería en terapias semanales de dos o tres veces en la misma.
Lo anterior significa costos que se necesitan con la contratación de más profesionales y el ejército no requiere profesionales para atender a sus propias victimas. Por el contrario, la prioridad se basa en la compra de armamento para enfrentar una guerra. Por supuesto hay más inversión en la compra de implementos de combate que en la rehabilitación de los heridos, generando siempre una respuesta insuficiente. El soldado, por su parte, así lleve más de treinta años fuera de las filas, seguirá sintiendo que es un miembro de la fuerza pública porque la falta de su pierna se lo recuerda todos los días.”
EL RELATO EN MEDIO DEL COMBATE
Las experiencias en el campo de batalla enseñan a los miles de colombianos que prestan su servicio a la patria, un nuevo elemento de guerra, uno que le ha cobrado la vida a miles de soldados – reuniendo las estadísticas oficiales, se crearían varios batallones móviles de contraguerrilla- Jaime Cruz, soldado profesional retirado, recuerda los momentos crudos de la guerra y las estrategias que a finales de la década pasada le tocó enfrentar en diferentes puntos del país.”Las minas cazabobos son las más frecuentes y que en el campo se identifican por medio de objetos como celulares, juguetes, pilas o tubos.
También encontramos las minas de presión o de tensión. Las primeras son activadas con el contacto directo del pie con una mina. Por su parte, las segundas son atadas con hilo nylon al anzuelo, que al recogerlo activa el explosivo. Esta estrategia es la más efectiva para los grupos al margen de la ley, por eso son llamadas cazabobos”
Los procedimientos que se manejan en caso de resultar algún soldado herido a causa de una mina mientras se realiza una operación militar, se efectúa bajo la supervisión de oficiales enfermeros que son los encargados de colocarles los apósitos –vendajes utilizados por el ejército para detener las hemorragias- para posteriormente canalizarlos.
En los recorridos que realiza un soldado profesional, los constantes riesgos que corre a causa de los senderos minados y de difícil detección, obligan a los diferentes grupos a mecanizar una forma de caminar y retroceder en caso de encontrar un objeto explosivo.
“en uno de los recorridos por el Guavio, el grupo iba caminando por una trocha que estaba inundada de barro. La guerrilla había sembrado minas doscientos metros a lo largo de las orillas del camino. Un lanza iba al frente y pisó una mina, con la suerte que sólo salió disparado el estopín (Artificio destinado inflamar la carga de las minas.) Produciéndole una herida en el oído y en el labio dejándolo sentado justo encima de otra mina. Otro compañero y yo nos metimos en el lodo para poder salvarle al lanza la vida. La verdad, Dios estaba de nuestro lado por que ninguna mina explotó” comenta Jaime.
De igual manera, este ex soldado de la patria, narra el temor al interior de las filas del ejército respecto a las minas antipersonales “los campos minados son el mayor miedo que tiene un soldado porque es una sorpresa, sin embargo, cada miembro de la fuerza pública es consciente de la obligación que tiene y del compromiso que adquirió al pertenecer al ejército de Colombia.”
LA SANIDAD Y RECUPERACIÓN DE LA GUERRA:
El Hospital Militar de Bogotá, sede de las recuperaciones e innovaciones en materia de rehabilitación de personal herido, cuenta con la más avanzada tecnología en cirugía reconstructiva y los mejores profesionales en fisioterapia y psicología.
Gladis Villamizar, jefe del pabellón de Fisioterapia del Hospital cuenta acerca el impacto que genera en una persona ver sus extremidades destrozadas y todo el proceso de reconstrucción a la que es sometido el personal del ejército nacional.
“Gracias al esfuerzo del gobierno nacional y en especial de las fuerzas armadas, hoy los soldados tienen todas las garantías para volver a reincorporarse de la mejor manera a sus actividades, como fisioterapeuta soy consciente que la pérdida de uno de los miembros del cuerpo jamás será reemplazada, sin embargo, nosotros aquí buscamos darle al soldado un ambiente de tranquilidad y sobre todo una reanimación psicológica y física”
SOCIEDAD CIVIL, ¿QUÉ PAPEL JUEGA?
El Instituto Pensar, una organización académica encargada de analizar los diferentes fenómenos sociales, abrió desde hace seis años un consultorio jurídico –único en su condición- especializado en la atención de víctimas por minas antipersonales.
Clara Rocío Ramírez, directora del consultorio jurídico habla sobre las debilidades de la ley colombiana y la fragilidad del sistema legal y penal para una óptima atención a las víctimas.
“el instituto pensar ve la necesidad de abrir un espacio de consultoría jurídica para la víctimas civiles que caen en las minas antipersonal. La idea del proyecto es asesorar y enseñarles a las personas los derechos que tienen como víctimas y los procesos legales para obtener los beneficios que la ley garantiza. Actualmente manejamos cuarenta casos de civiles víctimas, sin embargo este proyecto no tiene ninguna financiación externa, sólo la colaboración de emisoras como la de la policía y alaireweb, que pertenece a los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana”
Los problemas de asesoría son manejados por la facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, siendo esta institución la única en el país de mantener un consultorio de atención a víctimas de minas.
El proceso jurídico es acompañado de uno psicológico, ya que los traumas que genera una situación como está, son muy complicados y muchas omitidos por los propios protagonista de la situación.
Las investigaciones del Instituto revelan las fragilidades del sistema de indemnizaciones y de la propaganda de rehabilitación, ya que mucha población y abandonada. Incluso las leyes colombianas no favorecen a las víctimas de las minas ya que los plazos no son suficientes y en general se termina perdiendo el derecho que está contemplado en las políticas públicas del país.
Clara Rocío manifiesta su indignación como ciudadana al observar la violación de los derechos fundamentales de una víctima civil o de guerra. Es por esto, que se adelanta un proyecto de ley que busca prolongar los plazos y términos legales para la presentación de los documentos y recibir los beneficios que el Estado otorga.
Para Saúl Rodríguez, profesor e investigador de la Universidad Javeriana, el problema del ejército y la atención a víctimas es la falta de conciencia por parte de la institución militar de acoger, proteger y reintegrar en la misma fuerza militar a los heridos en combate.El Catedrático realiza una comparación entre la situación de los veteranos de guerra estadounidense y todo el complejo departamento de atención que el gobierno norteamericano les tiene, mientras que en la institución colombiana – teniendo en cuenta la falta de presupuesto- la reintegración y la actividad de un soldado a la vida civil o dentro de las fuerzas armadas se ve relegada a oficio de bajo nivel “los norteamericanos tienen la experiencia de manejar población afectada por este tipo de artefactos desde la guerra de Vietnam, precisamente es este tipo de elementos los que llevaron a capacitar a sus heridos y a mantenerlos en las fuerzas armadas como investigadores de nuevos modelos de protección, incluso, muchos de los retirados del servicio activo militar se dedican hoy a la fabricación de armas y en general a todo tipo de industria militar” comenta Rodríguez.
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